Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 36 bienes, entre inmuebles, sociedades y productos financieros, que pertenecerían a la organización narcotraficante ‘La Oficina’.
Las propiedades, cuyo valor ascendería a 22.000 millones de pesos, fueron ocupadas en
diligencias realizadas en Envigado, Venecia, Sabaneta, La Ceja, Santa fe de Antioquia, Bello y Medellín (Antioquia) y Jamundí (Valle del Cauca). En las acciones participó el CTI de la Fiscalía con apoyados por el Batallón de Policía Militar No4 del Ejército Nacional.
De acuerdo con las investigaciones, estos bienes habrían sido adquiridos por dos de los señalados cabecillas de esta estructura, o estarían a nombre de presuntos testaferros que prestaron sus nombres para ocultar el patrimonio obtenido de actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsiones y homicidios selectivos, entre otras.
Algunos de los propietarios de los predios afectados sería Jhon James Pulgarín Agudelo, alias Servi, quien fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2020. Este hombre, al parecer, hacía los cobros por los envíos de droga y era el encargado de ocultar las rentas ilegales de ‘La Oficina’, a través de una compañía de empaques industriales que, supuestamente, lavaba activos por 30.000 millones de pesos al año.
Otro de los presuntos dueños de los bienes, Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, fue
cabecilla de la estructura delincuencial ‘La Oficina’. Murillo aceptó su responsabilidad en los
delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de armas, homicidio y ocultamiento de
evidencias, por lo que fue condenado a 18 años de prisión.
Otro de los nombres que figuran como propietarios de cuantiosos bienes es el de Edwuar García Arboleda, alias Orión, asesinado en 2016. Dichas propiedades estaban en cabeza de su exesposa Claudia Patricia Cardona.
La persecución de las rentas y activos ilícitos de los grupos criminales es una prioridad definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.
