El material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335,
en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2; y de la probable
apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el
período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007. Por esto se le impuso medida
de aseguramiento de detención domiciliaria.
Luego de valorar el recaudo probatorio, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por presuntas
irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de
mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La CruzadaCaucasia.
El citado contrato fue suscrito cuando el señor Gaviria Correa se desempeñó como
gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.
La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del
contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó
a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y
correspondería a una modificación caprichosa.
Asimismo, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato
adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue
el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades
de obra” que no fueron precisadas.
Las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos.
Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces
gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su
sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para,
supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz.
En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí
2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era
complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse
previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.
Finalmente, antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior
a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la
adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y
necesario fue uno de los requisitos de la licitación.
Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento,
el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía
ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
En ese sentido, en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), el Fiscal
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a gobernador de Antioquia, Aníbal
Gaviria Correa como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El juicio se realizará a instancias
de la Corte Suprema de Justicia.
El Fiscal primero delegado, ante la actualización de los requisitos objetivos y subjetivos de
carácter legal, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio
de libertad, sustituida por detención domiciliaria. Aníbal Gaviria Correa fue capturado en
Medellín.
