La Fiscalía imputó al coronel en retiro Juan Manuel Ordóñez Vallejo los delitos de concierto
para delinquir, cohecho propio, peculado por uso, falsedad material en documento público y
administración desleal.
Personal de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación capturó al coronel en retiro
Juan Manuel Ordóñez Vallejo, subcomandante del Batallón Rifles del Ejército Nacional, quien estaría involucrado en presuntas irregularidades en la prestación de servicios de seguridad.
Entre el 30 de diciembre de 2016 y 14 junio de 2017, el entonces oficial habría ordenado a
las tropas de su unidad militar custodiar los yacimientos de dos empresas mineras en Puerto Libertador (Córdoba), así como las oficinas administrativas ubicadas en Medellín (Antioquia).
Al parecer, estas actividades fueron sustentadas con un supuesto convenio suscrito entre el
Ejército Nacional y las compañías que requerían acompañamiento. Sin embargo, el coronel
Ordoñez Vallejo no tenía autorización del Ministerio de Defensa ni estaba facultado para
realizar este tipo de acuerdos. Tampoco podía disponer de uniformados, vehículos, armas y
munición.
El entonces subcomandante presuntamente recibió $7’000.000 por el servicio ilegal
concertado. Asimismo, hay indicios de que este convenio sería uno de los 18 falsos acuerdos celebrados de maneral ilícita para vigilar zonas de explotación minera.
En las verificaciones realizadas se constató que las empresas involucradas habrían registrado en los informes contables egresos por $904’712.878 con el ítem de: “contribuciones por seguridad al Ejército Nacional”.
Está acreditado que este dinero no lo recibió el Ejército Nacional ni estuvo representado en donaciones de material de campaña e intendencia, logística, mantenimiento de vehículos, equipos de comunicaciones o construcciones en las instalaciones militares.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al coronel en retiro los delitos de: concierto para
delinquir, cohecho propio, peculado por uso, falsedad material en documento público y
administración desleal.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberá cumplir media de aseguramiento en el lugar de residencia.
En el curso de esta investigación, la Fiscalía ha logrado la judicialización de 10 personas, entre militares y particulares.
