Gobernadores piden al presidente petro concertar vuelco en la lucha antidrogas

Héctor Olimpo Espinosa: “Colombia no tendrá la paz total, mientras no se enfrente acertadamente el problema de las drogas ilícitas”. El rendimiento anual de cosechas en las áreas sembradas de hoja de coca equivale a multiplicarlas hasta por cuatro veces y media.

“El actual modelo de lucha contra las drogas en Colombia fracasó. No aceptar esta verdad es un acto de hipocresía y soberbia que en nada contribuye a enfrentar el fenómeno”. Con estos planteamientos, el presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, le pidió al mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, concertar un cambio estructural en la lucha interna frente al narcotráfico.

Durante la clausura de la Cumbre de Gobernadores el fin de semana en Morelia Caquetá, el vocero político de los gobernadores del país le dijo al presidente Petro que “se debe dar un vuelco en esa política. En Colombia las drogas ilícitas son las responsables de miles de vidas perdidas, la destrucción de bosques y fuentes hídricas y la pérdida de calidad de vida. Las drogas ilícitas han sido el combustible del conflicto armado, y de ella se han aprovechado por igual guerrilleros, paramilitares y grupos delincuenciales”.

“Presidente, busquemos un consenso interno que nos comience a llevar por el camino correcto. Busquemos el acuerdo entre los países de esta región del mundo que hemos pagado el precio más alto de este flagelo”. 

“Aumentemos la presión a la comunidad internacional para que, ojalá pronto, el mundo entero cambie el enfoque fracasado que desde hace más de 50 años se ha impuesto de manera ciega. Nos corresponde a los colombianos, con el liderazgo actual, con nuestra experiencia, con nuestra autoridad moral, liderar ese cambio de paradigma”.

“Apuntar a un mundo libre de drogas es un objetivo ilusorio. Lo que tenemos que hacer es proceder a su regulación. Tenemos que proteger a nuestros campesinos que han sido instrumentalizados por las estructuras criminales y priorizar el tratamiento de los consumidores como un problema de salud pública. Tenemos que fortalecer el tejido social, prevenir el consumo desde las familias y desde las aulas”, agregó.

Y sostuvo que los miles de millones de pesos movilizados para la lucha contra el narcotráfico podrían utilizarse en programas de prevención, en los que se muestran los efectos perjudiciales del consumo de drogas.

También es probable que Colombia no tenga la fórmula salvadora, pero sí tiene mucho para aportar como sociedad en su búsqueda, porque ha padecido como ningún otro los sufrimientos derivados del flagelo.

Aunque no se dispone de cifras precisas, se habla de unos 400.000 millones de dólares anuales generados por el narcotráfico. 

Los ilegales que hoy derivan miles de millones de dólares de este mercado ilegal son una amenaza para la democracia. Son una amenaza para las comunidades vulnerables, para nuestros niños y jóvenes, para las autoridades y las rentas locales.

Espinosa explicó que el narcotráfico pasó de ser un problema exclusivo de los departamentos con grandes extensiones selváticas y de algunas ciudades específicas a convertirse en un flagelo nacional. “Quienes pagamos las consecuencias de sus acciones somos los territorios, los gobiernos locales, los barrios y las veredas, hasta donde diariamente llega la despiadada acción de los cabecillas de las organizaciones criminales locales y transnacionales que se disputan ese mercado ilícito”.

De acuerdo con investigaciones de la oficina de Naciones Unidas contra las Drogas, hace 10 años Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas fueron algunos de los más azotados por la extensión de cultivos de coca.

Hoy son por lo menos 20 departamentos donde se registra producción de coca. Y cinco concentran 84% del área total. En su orden, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia.

Norte de Santander se consolida como el departamento con mayor área sembrada en el país. Nariño continúa ocupando el segundo lugar de afectación.

De acuerdo con la exposición del gobernador de Sucre, la forma de abordar la lucha antidrogas en Colombia, prácticamente, se ha vuelto un incentivo para el negocio del narcotráfico, más que un disuasivo. Esto se da en razón a los bajos costos de ese mercado ilícito para el procesamiento de estupefacientes, devaluación del dólar y política monetaria.

Si bien los reportes oficiales hablan de reducción de áreas sembradas de coca, que se ubican entre 250.000 y 300.000 hectáreas, la política antidrogas se vuelve ineficaz, ya que el problema es que prácticamente se están recogiendo hasta cuatro y media cosechas al año, lo que en la práctica es equivalente contar con más de un millón doscientas mil hectáreas.