378 AGRESIONES SEXUALES CONTRA MENORES Y MUJERES INDÍGENAS DE GUAVIARE EN LA MIRA DE LA FISCALÍA

El Fiscal General de la Nación indicó que serán investigados los funcionarios que no sean diligentes en la atención a las víctimas y que no tramiten oportunamente las denuncias.

Además, reiteró que no se han encontrado evidencias de que el caso divulgado por el canal Univisión sobre una menor indígena abusada por un militar norteamericano exista.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, resaltó que serán verificados los
378 casos de violencia sexual contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare
ocurridos entre 2018 y 2020, que aparecen registrados en el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF).

“Vamos a cruzar nuestro datos con el SPOA y verficiar si esas carpetas del ICBF fueron
trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía General de la Nación porque de lo contrario, si hay algún vacio iniciaríamos procesos penales por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”, explicó el Fiscal Barbosa Delgado.

Una comisión especializada seguirá en el departamento para conocer el estado actual de estos hechos y tener claridad sobre las actuaciones de las distintas autoridades.

En ese sentido, el Fiscal Barbosa indicó que se fortalecerán en San José del Guaviare los actos urgentes con fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos, y se trabajará articuladamente con Medicina Legal y médicos rurales para garantizar la atención y valoración a las víctimas.

Este equipo especializado hará una priorización de los delitos sexuales y otros graves casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. No obstante, el Fiscal reiteró que no existe el caso específico al que se refiere el medio de comunicación Univisión, en el que aseguran que una menor de 10 años de edad, de la comunidad Nukak, habría sido abusada por un militar norteamericano y producto del delito habría dado a luz.

Asimismo, reveló que se trabaja en una estrategia de priorización de las investigaciones por
afectaciones contra la integridad y formación sexual de los niños, niñas, adolescentes y
mujeres indígenas.