La vicefiscal general, Martha Mancera, señaló que al desvirtuar los hallazgos de la Fiscalía sobre el posible atentado que tramaba el ELN ponen en riesgo a los implicados.
La polémica crece cada vez más, después de que el pasado 4 de agosto la Fiscalía General de la Nación revelara que tenía pruebas de un supuesto plan, para atentar contra la vida del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; el general en retiro, Eduardo Zapateiro y la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno Nacional fue prácticamente ignorar esta denuncia y señalar que, no se le puede creer a cualquier fuente. Es decir, desvirtuó lo que las investigaciones del ente acusador revelaron y también estaría poniendo en riesgo la integridad de estas tres personas.
Por esta razón, la vicefiscal, Martha Mancera, concedió una rueda de prensa donde incluso dio detalles sobre la investigación y fue enfática en el arduo trabajo que significó. Además, resaltó el riesgo que implica descartar una fuente de forma arbitraria. “Creerle a una fuente lo dirá la investigación, no el ministro de Defensa, no la cúpula militar y mucho menos el señor Presidente de la República.” Sentenció Mancera, visiblemente molesta por esta situación.
Aun así, la respuesta del Gobierno Nacional fue darles mayor credibilidad a las palabras del ELN, que ya se ha señalado ha incumplido el cese al fuego por lo menos en 31 ocasiones y recientemente se atribuyó el secuestro de un soldado profesional, cuando se supone hay un supuesto acuerdo para que cesen las hostilidades.
Por otra parte, la vicefiscal señaló que este ha sido un proceso extenso. Pues, los primeros informes de un plan para asesinar al fiscal Barbosa datan del 11 de julio y el 24 de julio el CTI recibió nuevos informes que, corroboraban la información inicial. Aunque, en esta ocasión se nombraban a individuos en particular.
No obstante, la información no se hizo pública sino hasta el 4 de agosto, cuando se tuvo la información suficiente, para confirmar este presunto plan y que tenía como objetivo al fiscal Barbosa, a la senadora Cabal y al general retirado Zapateiro. Una de las principales pruebas fueron los movimientos financieros, con cifras cercanas a los 3.000 millones de pesos, que son muy similares a las del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, en el año 2019.
