Conclusiones de una de las conferencias del II Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, organizado por la Procuraduría, en Bogotá.
El derecho disciplinario cuenta con principios, fines y medios propios que precisamente permiten caracterizarlo como autónomo.
El derecho disciplinario es sin lugar a dudas una entidad autónoma, cuya particularidad viene dada a partir de nuestra propia jurisprudencia y del papel que a lo largo de la historia ha tenido en el funcionamiento del Estado.
Así lo concluyeron los conferencistas que intervinieron en el panel ‘Marco constitucional de un derecho disciplinario autónomo’, realizado en desarrollo del II Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, organizado por la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
En el panel intervinieron la magistrada de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, y el magistrado del Consejo de Estado, José Roberto Sáchica Méndez, con la moderación del director de La FM Radio, Juan Lozano.
Los panelistas coincidieron en resaltar que el derecho disciplinario cuenta con principios, fines y medios propios que precisamente son los que permiten caracterizarlo como autónomo, a la vez que destacaron como una de sus principales características la especialización que este requiere para su práctica.
No obstante, esa autonomía, señalaron, está en proceso de construcción porque es un concepto bastante joven, que a hoy ha venido construyendo con éxito los elementos que sirven de base a su quehacer y que todavía tiene nexos bastante complejos de desatar en relación con otras ramas del derecho.
Al respecto, el magistrado Sáchica Méndez destacó que el estándar del debido proceso en materia disciplinaria es propio y autónomo, que está en vías de encontrar su propia identidad, a pesar de los retos que vuelven complejo el tema.
Por su parte Rodríguez Tamayo resaltó que el derecho disciplinario ofrece garantías a los ciudadanos, las cuales “no son un regalo, son un costo de la democracia, y por lo tanto creo que quienes lo operan no deben perder de vista que hay que investigar, hay que establecer la comisión de la falta, pero sobre todo hay que ser garante de que los derechos que se encuentran en la legislación sean una realidad”.
Competencia para investigar a servidores de elección popular
Durante la conversación, los panelistas hablaron sobre la sentencia de la Corte Constitucional que dejó a la Procuraduría General de la Nación la competencia para investigar y sancionar a servidores de elección popular (sentencia 030 de 2023).
Sobre el particular, coincidieron en señalar que el punto principal es que esa decisión se debe acatar, al tiempo que puntualizaron que hay que tener en cuenta que el país tiene un diseño constitucional propio, hecho de cara a las necesidades del Estado colombiano.
