A instancias de la Procuraduría General de la Nación tres voces autorizadas hablaron sobre la discriminación y violencia que padecen quienes conforman la comunidad y dieron opciones para erradicar estas problemáticas.
La colombiana Marcela Sánchez aseguró que resulta fundamental entender que la violencia que padecen las personas que hacen parte de estas comunidades es motivada muchas veces por el contexto social y cultural.
La chilena Ximena Gauché Marchetti sugirió que se debe adoptar un mecanismo transformador para erradicar la discriminación contra personas de la comunidad.
El costarricense Rodrigo Jiménez Sandoval insistió en que los perjuicios persisten al referirse a personas con discapacidad o con orientación sexual diversa.
Los asistentes al Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial, organizado por la Procuraduría General de la Nación, escucharon en el desarrollo del panel ‘Discriminación y violencia contra la población LGBTQI+: Avances y desafíos’ a tres personas autorizadas que dejaron un mensaje claro sobre la necesidad de adelantar un trabajo articulado interinstitucional, promover la inclusión y trabajar en disminuir los sesgos y prejuicios.
La colombiana Marcela Sánchez Buitrago, directora de Colombia Diversa, inició asegurando que resulta fundamental entender que la violencia que padecen las personas que hacen parte de estas comunidades es motivada muchas veces por el contexto social y cultural, y que aumentar el tiempo de cárcel para los perpetradores no va a resolver el problema.
“No podemos centrarnos en el uso del derecho penal… Esto se basa en prejuicios, estereotipos, muchas veces inconscientes y eso no lo exime de responsabilidad. El odio ha sido usado como atenuante, la discriminación es un agravante y por eso hacemos esa distinción”, sostuvo.
De igual manera, resaltó la existencia de dos tipos de violencia. Detalló que el primero se usa para mantener a las mujeres en un lugar y el segundo busca la eliminación del otro. “Se busca la invisibilidad de la comunidad, su exclusión y ojalá desaparición”.
Finalmente, Sánchez Buitrago dijo que si bien hay esfuerzos de entidades como medicina legal, la Fiscalía, la Policía Nacional, entre otras, que ayudan a tener datos para conocer el detalle de las violencias contra personas LQBTQI+, el esfuerzo es insuficiente si no hay coherencia entre las diferentes instancias. “Se necesita un sistema de información, pero también que haya funcionarios que diligencien la información de forma correcta”, concluyó.
Por su parte, la chilena Ximena Gauché Marchetti, vicerrectora de Relaciones Institucionales y de Vinculación con el medio de la Universidad de Chile, recalcó la importancia de entender cuando se acude a un atajo mental y cuando se tienen prejuicios que se disimulan y se avanza de esa manera con el estigma social.
Mencionó una investigación que hizo con el sector judicial que supone mirar la perspectiva del modelo metodológico como un ecosistema de derechos que tiene tres componentes: los contenidos, lo que está en los relatos normativos de los estados; los continentes, aludiendo a cómo las organizaciones se ajustan; y las prácticas, que tienen que ver con la cultura organizacional y cómo se trabaja de forma interdisciplinaria.
En el mismo sentido dejó claro que se requiere un enfoque de competencias, adoptar un mecanismo transformador para erradicar la discriminación contra personas de la comunidad, “eso requiere abrirse a que lo normativo no basta, se necesitan varias miradas para comprender los tipos de violencia; cambiar actitudes como el lenguaje, lograr que se entienda lo que se ve con estereotipos, con sesgos, con prejuicios hacia la comunidad y que se disimula porque no es políticamente correcto”.
La chilena terminó su intervención afirmando que “seguir creando comisiones puede no ser la mejor estrategia” y dijo que en lugar de ello plantearía la necesidad de diagnósticos participativos.
“Hemos hablado por los otros, las personas vemos el mundo de forma distinta, cuando usamos categorías se piensa que el punto correcto es desde el que yo lo hago y eso puede llevar sesgo, prejuicio y parte de los problemas de las políticas públicas es que se implementan sin datos; se invisibilizan espacios donde la violencia está muy arraigada”, indicó.
El tercer panelista, el costarricense Rodrigo Jiménez Sandoval, jurista especialista en Derechos Humanos desde la interseccionalidad, hizo énfasis en el poder y las capacidades que tienen las personas que lo ejercen en las diferentes instancias, para lo que aludió a que incluso en varios espacios no logran presentar argumentos que rebatan las posiciones que se les presentan, no obstante les piden a ellos cambiar sus propuestas de inclusión.
“Dentro de los mismos grupos LGBTIQ+ hay relaciones de poder, hay unos que mandan más que otros; hay a quienes visibilizan más que a otros. Se dice que todos estamos muy preocupados por la discriminación, pero no pasa de ahí”, afirmó,
El abogado remató ratificando su percepción sobre el sistema violento en el que se encuentran las personas que conforman estas comunidades y los perjuicios que persisten al referirse a personas con discapacidad o con orientación sexual diversa.
“Nos decían que las personas con diversidad sexual eran delincuentes, la religión dice que deben morir, en constituciones de 69 países tienen penalizada la orientación sexual, y seguimos en un entorno violento y discriminatorio contra la población LGBTQI+”, aseveró.
Jiménez Sandoval finalizó haciendo referencia a las diferentes instancias en las que se ha abordado la temática y mencionó que si bien en la Organización de Estados Americanos es donde más ha habido avances contra todas las formas discriminación y por la orientación de género, no obstante no ha sido ratificada por todos los países.
