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Procuraduría pidió cumplir con las obligaciones que demandan la protección de los pueblos indígenas en aislamiento o estado natural

El ente de control aseguró que es fundamental contar con información actualizada y completa para garantizar su protección efectiva. A pesar de los avances alcanzados en el marco del Sistema Nacional para Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural, la Procuraduría General de la Nación manifestó que

Redacción
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Procuraduría pidió cumplir con las obligaciones que demandan la protección de los pueblos indígenas en aislamiento o estado natural

El ente de control aseguró que es fundamental contar con información actualizada y completa para garantizar su protección efectiva.

A pesar de los avances alcanzados en el marco del Sistema Nacional para Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural, la Procuraduría General de la Nación manifestó que los esfuerzos frente al tema han sido insuficientes y resaltó su preocupación por el nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales.

En carta enviada al Ministerio del Interior, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos advirtió que la situación actual puede generar “escenarios de responsabilidad administrativa, judicial e incluso internacional, por eventuales omisiones frente a la protección de derechos fundamentales”.

Además, recalcó que a pesar de estar formalizado el registro de presencia confirmada y territorial de los pueblos en aislamiento ubicados cerca de los ríos Caquetá y Putumayo, los riesgos de contacto persisten, como lo reconoció la sociedad civil, el pasado mes de abril, en el Comité Nacional para la Lucha contra la Deforestación.

Finalmente, considerando que en Colombia hay cerca de 15 indicios de pueblos en estado natural, el ente de control resaltó que es fundamental contar con información actualizada y completa para garantizar su protección efectiva, y solicitó al Ministerio del Interior un informe sobre el estado de cumplimiento de la medida cautelar de restitución de tierras y el protocolo de primer contacto, entre otros aspectos.

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