El exfuncionario tiene una orden de captura por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
El escándalo por el asilo político concedido a Carlos Ramón González Merchán, por su presunta vinculación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sigue creciendo y el Gobierno Nacional reiteró su solicitud al Gobierno de Nicaragua, para que revoque el asilo político al exfuncionario.
La Cancillería y el Ministerio de Justicia publicaron un comunicado en el que señalan que “no comparten la decisión” del Gobierno de Nicaragua, debido a que González Merchán “es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común”, se puede leer en el documento oficial.
“Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la Justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”, señaló la Cancillería en el comunicado.
Cabe resaltar que el Gobierno de Nicaragua negó la solicitud inicial de extradición, que el día de ayer hizo el Gobierno de Colombia. Ya que, González Merchán debe responder por el proceso penal que enfrenta “por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana”. Así que, esto implica que no cumple con los requisitos para un asilo político.
Por otro lado, es importante recordar que el exfuncionario, que también fue compañero del presidente Petro en la extinta guerrilla del M-19, ocupó diferentes cargos en los tres años del ‘Gobierno Petro’, tales como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Finalmente es importante recordar que el nombre del exfuncionario salió a relucir en el desfalco a la UNGRD y los dineros supuestamente fueron utilizados para sobornos, cuya finalidad era supuestamente favorecer las iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, situación por la que los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, hoy se encuentran privados de la libertad.
