La exconsejera presidencial Sandra Ortiz continuará privada de la libertad luego de que la justicia le negara nuevamente la solicitud de libertad por vencimiento de términos, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Durante la audiencia realizada el la Fiscalía se opuso a su liberación al considerar que los tiempos del proceso aún no se han agotado, por lo que la detención sigue siendo legal.
Ortiz está siendo procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, tras ser señalada como una pieza clave en la presunta entrega de sobornos a congresistas dentro del entramado de corrupción.
Según las investigaciones, el caso está relacionado con el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias, que habrían sido utilizados para comprar apoyos políticos en el Congreso.
El escándalo de la UNGRD es considerado uno de los más graves del actual gobierno, ya que involucra a altos funcionarios y congresistas en un esquema de corrupción con millonarios recursos públicos.
