El presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, como parte de una estrategia para evitar que estructuras criminales continúen operando desde los centros de detención.
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció este martes una nueva medida contra la criminalidad que, según el Gobierno, busca poner fin a las denominadas “zonas de confort” de personas privadas de la libertad que presuntamente continuarían coordinando actividades delictivas desde las cárceles.
Por orden directa del mandatario, el INPEC inició el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá.
De acuerdo con el anuncio presidencial, 10 de los trasladados permanecían detenidos en estaciones de Policía y otros 10 se encontraban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
Entre las personas trasladadas se encuentran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, señalado como integrante de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, estos tres últimos señalados de pertenecer a Los Costeños.
También aparecen en el listado divulgado por el mandatario Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.
Operativo bajo máxima seguridad
El Gobierno informó que los traslados se adelantan bajo rigurosas medidas de seguridad y con apoyo de la Fuerza Pública, con el objetivo de prevenir posibles fugas, intentos de rescate o atentados durante el procedimiento.
Una vez lleguen a Bogotá, los 20 privados de la libertad permanecerán allí inicialmente y, durante los siguientes 15 días, serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las decisiones de seguridad que adopte el INPEC.
El presidente De la Espriella aseguró que la instrucción busca impedir que las estructuras criminales continúen utilizando las cárceles como centros para coordinar actividades ilícitas.
“Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, manifestó el mandatario, quien agregó que los centros penitenciarios deben estar bajo el control del Estado.
La medida se conoce en medio de la preocupación de las autoridades por el poder que mantienen algunas organizaciones delincuenciales y por las investigaciones relacionadas con la presunta coordinación de delitos desde centros de reclusión.
El Gobierno Nacional reiteró que su política penitenciaria estará enfocada en reforzar el control de las cárceles, eliminar privilegios y evitar que los privados de la libertad continúen ejerciendo influencia sobre estructuras criminales desde los establecimientos penitenciarios.
