La Inspección 28 de Policía confirmó que la medida correctiva está ejecutoriada y solicitó apoyo de las dependencias distritales para hacerla efectiva.
La Inspección 28 de Policía de Barranquilla confirmó que se encuentra vigente y ejecutoriada una orden de demolición sobre las obras construidas en los inmuebles ubicados en la carrera 75 # 92-60 y carrera 75A # 92-50, luego de establecerse un presunto incumplimiento de las condiciones autorizadas en la licencia de construcción.
La decisión se originó dentro del expediente policivo IU28-076-2024 y fue adoptada inicialmente el 31 de julio de 2025. Posteriormente, mediante un auto expedido el 7 de mayo de 2026, la autoridad corrigió un error formal contenido en la decisión.
De acuerdo con el documento oficial, la autoridad declaró infractores a los titulares de la licencia y a quienes tenían la calidad de propietarios en el momento de la infracción, al establecer que las obras realizadas desconocían lo aprobado en la Resolución 337 de 2024, expedida por la Curaduría Urbana No. 2.
La medida correctiva contempla la demolición de las obras construidas en contravención a la licencia. Sin embargo, la decisión también otorgó inicialmente un plazo de 60 días para que los infractores adecuaran las obras a la normativa mediante la obtención de la respectiva licencia. En caso de no lograr esa adecuación, procedería la demolición a costa del infractor.
La Inspección informó además que ya inició las actuaciones necesarias para materializar la orden. El pasado 24 de agosto fueron enviados oficios a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público y a la Oficina de Gestión Urbanística, solicitando el apoyo institucional para ejecutar la medida.
La autoridad aclaró que, aunque la orden de policía ya se encuentra ejecutoriada, su ejecución requiere la participación de las entidades distritales encargadas de los aspectos operativos, técnicos y presupuestales.
La Inspección 28 también precisó que la administración se encuentra dentro del término legal para hacer efectiva la medida, pues las órdenes de policía cuentan con un plazo de ejecución de hasta cinco años desde que la decisión queda en firme.
En el documento, firmado este 25 de agosto por la inspectora de Policía Urbano Alexandra Patricia Díaz Eslait, se sostiene que el proceso se adelantó con respeto al debido proceso y que se han realizado las gestiones administrativas correspondientes para avanzar hacia la materialización de la orden.
Ahora la atención está puesta en las entidades distritales encargadas de ejecutar la medida y en determinar cuándo se hará efectiva la orden de demolición.
