Continuando la estrategia Sin Tregua al Delito, en el marco del plan cazador, la Policía Nacional a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, realizó una diligencia de allanamiento y registro en el barrio La Central, del municipio de Soledad, que permitió la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de «Los Costeños».

Durante el procedimiento fueron capturados alias “Kevin”, alias “Leider” y alias “Liñán”, por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En el lugar fueron incautadas más de 3.300 dosis de marihuana, listas para su distribución y comercialización.

La vivienda intervenida habría sido utilizada como una caleta para el almacenamiento y tráfico de estupefacientes, conocida dentro de la estructura como “la 24/7”.

Presuntamente, los capturados tendrían participación en homicidios selectivos, cobros extorsivos y distribución de estupefacientes en el municipio de Soledad.

Asimismo, registran en conjunto ocho anotaciones judiciales por delitos como homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, extorsión y daño en bien ajeno.

Con este resultado se logra una afectación directa a las rentas criminales de esta estructura, al impedir la comercialización de los estupefacientes incautados, actividad que representaría ingresos ilícitos estimados en aproximadamente 20 millones de pesos mensuales.

El señor coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que la institución continuará desarrollando operaciones contundentes y focalizadas contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier actividad delictiva a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 y la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva.

​No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación.

Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales.

Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando.

El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos.

Desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de TRES BILLONES DE PESOS. En 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos y, en 2026, opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027 solicitó 947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones.

Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos.

Tampoco acepto que se desvíe el foco hacia una acusación política para evadir la pregunta que, como presidente, tengo el deber de formular en nombre del país: ¿qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?

La JEP no está exenta de críticas. Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático.

Solo en 2026, su nómina se estimó en 404.477 millones de pesos. El propio presidente de la JEP ha pasado, según cifras difundidas en el debate público, de recibir un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos desde que es magistrado de esa jurisdicción.

Eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita. Respeto la independencia judicial y la libertad de los jueces para decidir, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas.

Antes de denunciar una “asfixia institucional», exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha.

Como presidente de Colombia, honro a las víctimas y respeto la independencia judicial. Pero cumplir el Acuerdo no significa que deba aprobar sin examen cualquier solicitud ni financiar sin medida una burocracia especial, en perjuicio de la Rama Judicial ordinaria, que es la encargada de combatir la impunidad que padece el conjunto de los colombianos y no solamente un sector.

Lo que sí tengo claro es que la Rama Judicial ordinaria necesita con urgencia mayores recursos para cumplir su misión. Allí están represados millones de procesos y miles de ciudadanos esperan durante años una decisión. Jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales trabajan, en muchos casos, con despachos congestionados, infraestructura insuficiente y graves limitaciones tecnológicas.

Por eso, mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos: la que combate la impunidad, protege a las víctimas y resuelve los conflictos reales de la ciudadanía. No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad.

Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar.

No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe –por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública– como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad.

No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas.

En uno de sentenciados deberá cumplir 16 años y 6 meses de prisión por acceder carnalmente a la hija de su compañera sentimental, quien para entonces tenía 11 años. Los vejámenes se registraron en 2011 en el barrio La Paz de Cartagena cuando la mamá de la víctima se ausentaba. La investigación determinó que el padrastro agredía físicamente a la niña y la amenazaba con asesinarla si no accedía a sus pretensiones.

De otra parte, un hombre de 32 años fue condenado a 12 años de prisión debido a que en el barrio La Esperanza abusó de su vecina. Según la investigación en 2016 la víctima, de 12 años, se acercó a la residencia del responsable para pedir un vaso de agua circunstancia que aprovechó para encerrarla y accederla carnalmente por la fuerza.

Los dos hombres deberán responder, según sus responsabilidades individuales por delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; agravado en el primero caso.

Contra estas decisiones proceden los recursos de ley.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Mario Rodríguez Rosas, señalado del crimen de su compañera sentimental, en hechos ocurridos el 24 de enero de 2026, en un inmueble ubicado en el norte de Bogotá.

La investigación permitió establecer que ese día la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento del procesado. Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión.

En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble.

Después de lo ocurrido, el procesado presuntamente alteró la escena para hacer creer que la mujer se había lanzado de manera voluntaria.

La investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá da cuenta de que la víctima sostenía una relación sentimental con el hoy procesado, en medio de un contexto de violencia basada en género.

Por estos hechos, Rodríguez Rosas deberá responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

En el marco de la estrategia “Sin Tregua al Delito”, la Policía Nacional en Barranquilla activa el Plan Zona Segura, una ofensiva integral contra la extorsión que concentra las capacidades del GAULA, SIJIN, inteligencia, Policía de vigilancia y unidades de reacción en sectores comerciales, corredores económicos y zonas priorizadas de Barranquilla y su área metropolitana.

La estrategia busca anticipar, prevenir y afectar las acciones de las estructuras criminales, mediante presencia permanente, patrullajes focalizados, controles, inteligencia e investigación criminal, así como intervenciones operativas contra quienes amenacen, intimiden o pretendan imponer el miedo a comerciantes y ciudadanos.

El GAULA de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fortalecerá las acciones de investigación y judicialización, así como el acompañamiento directo a las víctimas. Cada denuncia permitirá avanzar en la identificación de responsables, establecer sus modalidades de operación y afectar las redes criminales que se lucran mediante la extorsión.

El Coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Con el Plan Zona Segura les decimos a los extorsionistas que no tendrán espacios para actuar. Vamos a estar donde están nuestros comerciantes y ciudadanos, fortaleciendo la prevención, la investigación y la reacción. Invitamos a denunciar; cada información nos permite actuar y llevar ante la justicia a quienes pretenden sembrar miedo y afectar el patrimonio de nuestra comunidad”.

La Policía Nacional hace un llamado a no pagar ni ceder ante las exigencias de los extorsionistas y a denunciar de manera inmediata cualquier amenaza o exigencia económica a través de la Línea 165 del GAULA y la Línea 123. La denuncia oportuna permite activar las capacidades institucionales y avanzar contra los responsables.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Juan Carlitos” sería integrante del Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños y estaría vinculado a actividades criminales relacionadas con homicidios selectivos, control territorial de rentas ilícitas derivadas del tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en sectores como Nueva Colombia, La Sierra, Bajo Valle y Los Olivos, en Barranquilla.

El capturado estaría vinculado a la investigación por un doble homicidio ocurrido el 21 de septiembre de 2024 en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla. Asimismo, registra una trayectoria criminal de aproximadamente 11 años y seis anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir.

Alias “Juan Carlitos” hacía parte del volante de los más buscados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, por lo que su captura representa un resultado del Plan Cazador, estrategia orientada a la ubicación y captura de personas requeridas por las autoridades judiciales y de actores vinculados a hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó este resultado y reiteró que la Institución continuará fortaleciendo las capacidades de investigación criminal y las acciones operativas, mediante el Plan Cazador, para ubicar y capturar a quienes son requeridos por la justicia y combatir las estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

Un nuevo hecho de violencia se registró hacia las 8:40 de la noche de este domingo 20 de septiembre, en una llantería ubicada en el barrio Prado Soledad, en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Neyder Pacheco, conocido con el alias de ‘P12’, quien habría sido atacado por hombres armados mientras se encontraba en el establecimiento.

El hombre recibió seis impactos de arma de fuego y fue auxiliado y trasladado hasta un centro médico, donde quedó bajo atención del personal de salud.

Un elemento que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo, junto al lugar de los hechos, de un panfleto con amenazas, firmado presuntamente por la denominada ‘Nueva Generación del Freseo’, organización que, según la información conocida inicialmente, estaría bajo el mando de alias ‘Yeison el Menor’.

Pacheco es señalado preliminarmente de ser presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños/BRC’, versión que deberá ser establecida dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

La Policía inició las labores de investigación para establecer quiénes estarían detrás del ataque, determinar los móviles y verificar el contenido del panfleto encontrado en la escena.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la madre de un menor de edad de 7 años y a su pareja sentimental por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra el niño, en hechos ocurridos entre 2024 y 2026.

Las agresiones contra la víctima se habrían presentado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, de Soledad.

De acuerdo con la investigación, las procesadas presuntamente sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad física y emocional.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó para el menor de edad una incapacidad médico legal definitiva de 25 días. Producto de las agresiones, la víctima sufrió una deformidad permanente en su rostro.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Las procesadas no aceptaron los cargos.

Como medida de protección, el menor de edad se encuentra bajo la custodia de su padre biológico.