La campaña humanitaria liderada por el alcalde Genaro Redondo Choles para apoyar a las familias afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela comenzó a movilizar la solidaridad de Riohacha y de distintos municipios de La Guajira.

Frente al próximo Fenómeno de El Niño que se pronostica, es clave acompañar a los microempresarios para que desde ya trabajen en procesos de adaptación y mitigación ante eventos climáticos como sequías e inundaciones.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2026, las Naciones Unidas hacen un llamado urgente a tomar acciones frente al cambio climático. Luego de advertencias, metas y plazos que han sido comentados por décadas, el aparato productivo nacional tiene un papel clave en poner en marcha soluciones que contribuyan en la protección del planeta. En este contexto, mitigar los crecientes efectos en los ecosistemas y facilitar la adaptación estructural de las microempresas resulta esencial, dado que estas unidades constituyen la base del tejido empresarial más grande a nivel local y global.

Asimismo, ante la inminente coyuntura de un fenómeno de El Niño que se pronostica en el país, preparar a los pequeños negocios se vuelve indispensable para evitar que sus actividades sufran un impacto que lleve a ahondar situaciones de pobreza. Frente a estos escenarios de variabilidad climática, Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha construido una hoja de ruta de atención para la sostenibilidad, protección, educación y financiamiento de las microempresas, clave para apalancar tres grandes pilares que conectan la visión de riesgos con la realidad del microempresario.

El objetivo es ofrecerles herramientas, para proteger su crecimiento y los ecosistemas que los rodean.

– Acceso a líneas Crediverde: creadas para el financiamiento, en condiciones especiales de tasa (-500 pbs sobre segmento), que faciliten la puesta en marcha de medidas de adaptación al cambio climático como reservorios de agua, abonos orgánicos, biodigestores

y sistemas de riego por goteo, entre otros. También, se pueden usar para la búsqueda de eficiencia energética y la transición hacia energías renovables; sumado a la instalación de soluciones de agua y saneamiento para lograr mejores condiciones de vida.

– Seguros Paramétricos: Estos seguros, comercializados por Aseguradoras aliadas y que pueden ser adquiridos a través de la red de oficinas de Bancamía, permiten mitigar las pérdidas causadas por afectaciones de fenómenos como El Niño o en momentos de inundaciones, ofreciendo una solución ágil y sencilla para el flujo de caja del productor rural, principalmente, y protegiendo su subsistencia frente a choques climáticos.

– Educación verde y de sostenibilidad: El microempresario no nace sabiendo cómo mitigar y adaptar su unidad productiva a un fenómeno climático, o cómo la eficiencia hídrica podría reducir sus costos operativos y mejorar su relación con el dinero. Los programas de Salud Financiera ponen a disposición de los microempresarios ese conocimiento, brindando herramientas para que sus negocios sean viables desde la administración del dinero, y el respeto y protección del medio ambiente.

A través de la financiación en líneas verdes de Bancamía se han desembolsado $71.568 millones en más de 12.500 operaciones de microcrédito. En 2025, este portafolio presentó un crecimiento del 261%. Adicionalmente, para el primer trimestre de 2026, el banco facilitó la adquisición de cerca de 13.500 seguros climáticos, y se ejecutaron más 700.000 acciones formativas que permitieron transferir conocimientos clave en administración de flujos de caja y resiliencia climática a 561.500 personas.

Bioeconomía en acción: el latido de la Amazonía

Bajo la premisa de que la conservación ambiental florece cuando se asegura la estabilidad de las comunidades locales, esta hoja de ruta tiene un amplio alcance en los territorios más biodiversos del país. En este marco, Bancamía se consolida como el pionero al lanzar el primer Bono Amazonía emitido por una entidad financiera privada. Esta operación, por valor de $80.000 millones, fue suscrita en su totalidad por el BID Invest.

Esta iniciativa busca financiar, educar y proteger a microempresarios de la región amazónica, quienes son los verdaderos guardianes de los ecosistemas y los dinamizadores de la economía en este territorio, como Kasia Morales, una microempresaria que aprendió desde niña que el bienestar de las comunidades depende del equilibrio con la naturaleza. Hoy, esta mujer indígena de la etnia Bora transformó aquellas travesías, de hasta 15 días a remo por los afluentes amazónicos, en un proyecto que preserva el bosque, mantiene vivas las tradiciones de su pueblo y genera oportunidades para su territorio.

Desde su resguardo en la vía Leticia, lidera “Kasia, Turismo de Bienestar y Artesanía”, una iniciativa que integra conservación, cultura y desarrollo económico. Allí protege una reserva natural y elabora mochilas tejidas a mano con fibra de palma de chambira, utilizando tintes

naturales obtenidos de semillas, hojas y arcillas de la selva. Cada pieza nace del bosque sin alterarlo y, al finalizar su ciclo de vida, regresa a la tierra como abono orgánico.

Su taller, certificado como Negocio Verde por Corpoamazonia, también funciona como un espacio de aprendizaje donde mujeres, jóvenes y niños adquieren técnicas de tinturado natural y fortalecen una tradición que se ha transmitido por generaciones.

El acceso al crédito y el acompañamiento en sostenibilidad de Bancamía le permitieron fortalecer su actividad productiva, proteger su reserva frente a amenazas como la tala ilegal y conectar sus conocimientos con nuevos mercados.

La historia de Kasia demuestra que el futuro de la Amazonía se construye desde los territorios y en las manos de quienes han aprendido a vivir de la selva mientras la protegen para las próximas generaciones.

De acuerdo con la información preliminar, desconocidos lanzaron dos cargas explosivas contra el platón de una de las patrullas policiales que se encontraba en la zona urbana del municipio.

La fuerte detonación destruyó gran parte de la parte trasera del vehículo oficial y dejó como saldo dos uniformados heridos por esquirlas, mientras que un tercer policía sufrió aturdimiento a causa de la onda explosiva.

Los uniformados afectados fueron atendidos por personal médico, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la autoría y móviles de este nuevo hecho de violencia en el departamento.

La situación generó temor entre los habitantes de El Bordo, quienes reportaron momentos de pánico tras la explosión.

Concretar la compra de varias cabezas de ganado fue el pretexto que utilizó un grupo
delincuencial para contactar y citar a dos comerciantes a un punto específico de Fuente de
Oro (Meta). El 21 de noviembre de 2024, los interesados en el negocio se trasladaron por vía terrestre, pero en el camino fueron interceptados y retenidos.

Durante nueve días permanecieron encerrados en un inmueble; mientras sus familiares
recibieron llamadas telefónicas en las que les exigieron 100 millones de pesos por una
liberación que nunca llegaría. Los comerciantes fueron asesinados mediante asfixia mecánica el 30 de noviembre de 2024, y sus cuerpos sepultados en una zona boscosa y de difícil acceso ubicada entre Fuente de Oro y San Martín (Meta).

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación
permitieron identificar a dos de los presuntos responsables de la acción delictiva. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para
presionar la entrega del dinero solicitado; y María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de
asumir la logística y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y darle tránsito a los recursos que esperaba la red ilegal por el secuestro.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Potosí, en Bogotá.

Por su parte, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de elemento material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Entre 2024 y 2025, el Gobierno Nacional ha invertido más de 502 mil millones de pesos en sistemas de videovigilancia a través de FONSECON. Esta inversión ha permitido instalar más de 2.600 cámaras, beneficiando directamente a cerca de 936.000 personas y de manera indirecta a más de 3 millones de colombianos.

El impacto es contundente: la videovigilancia mejora hasta en un 30 % la capacidad de reacción de la Fuerza Pública, fortalece la identificación de responsables y aporta evidencia clave para la judicialización, reduciendo la impunidad. Además, entre el 20 % y el 40 % de los delitos urbanos pueden apoyarse en este tipo de tecnología.

Más que instalar cámaras, se trata de un modelo integral que articula tecnología, datos y coordinación institucional. Los sistemas están conectados a centros de monitoreo en tiempo real, lo que permite detectar incidentes, focalizar operativos y responder con mayor rapidez en zonas críticas. Así, la seguridad se consolida como un derecho y no un privilegio.

Esta política refleja el compromiso del Gobierno del Cambio de cumplirle a la gente: proteger la vida, prevenir el delito y llevar soluciones concretas a los territorios. Hoy, la inversión en seguridad no solo fortalece la institucionalidad, sino que mejora la tranquilidad y la calidad de vida de millones de colombianos.

El directivo enfatizó que las instituciones, al igual que las personas, se juzgan en los momentos de honestidad y que ningún talento, cargo o trayectoria justifica comportamientos que vulneren la dignidad de otros. “Nadie está por encima de la dignidad de otra persona”, afirmó.

Dijo que Caracol creará una comisión independiente liderada por Catalina Botero Marino (exmagistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, exdecana de Derecho de la Universidad de los Andes y exrelatora para la libertad de expresión de la CIDH). Esta comisión contará con garantías de respeto y confidencialidad para que todas las personas puedan ser escuchadas. El enfoque estará puesto en los ajustes necesarios para el futuro.

También señaló que se revisarán protocolos, se reforzarán mecanismos de denuncia y se asegurarán procedimientos claros y confiables.
Y le envió un mensaje a las víctimas: “Respeto a quienes han hablado y seguridad para quienes aún no se sienten en condiciones de hacerlo”.
“Una institución solo puede ser verdaderamente fuerte cuando las personas que la conforman se sienten seguras dentro de ella”, puntualizó.

Córdoba Mallarino manifestó que el silencio erosiona lo que se pretende proteger y que este es un momento para reconocer que conductas inaceptables ya no se tolerarán. “Ese tiempo ha terminado”.

Caracol Televisión anunció una investigación externa e independiente sobre denuncias de acoso sexual https://t.co/tzkoypzpLQ vía @Solo Noticias pic.twitter.com/xUdiijMDQV

— Solo Noticias 24 (@SOLONOTICIA24) March 26, 2026

Subrayó que las palabras solas no reparan lo vivido, pero el silencio agrava las heridas, y que la verdad es la base para preservar la confianza. También destacó que las organizaciones no están por fuera de los cambios sociales y que deben enfrentar sus dificultades con responsabilidad individual y colectiva.

El pronunciamiento llega en medio de una ola de testimonios de periodistas y expresentadoras que han denunciado patrones de acoso en el medio, lo que ha generado un amplio debate en el gremio periodístico colombiano sobre entornos laborales seguros y la necesidad de romper el silencio.

Una operación trasnacional producto del flujo de información entre la Fiscalía General de la
Nación, la agencia estadounidense DEA y autoridades de otros países, fueron capturados con fines de extradición seis de los señalados articuladores principales de una red criminal
señalada de enviar toneladas de clorhidrato de cocaína de Colombia a México y al estado de Arizona (Estados Unidos).

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Armada Nacional y el Gaula Militar, ubicaron y notificaron a tres de los presuntos integrantes de la
organización narcotraficante en procedimientos realizados en Bogotá, Cali y Buenaventura,
(Valle del Cauca).

Se trata de Édgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo. Entre tanto, Shirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros fueron capturados en Costa Rica; y Óscar Enrique Virula Arredondo fue localizado en Panamá. Estas personas, de nacionalidad costarricense, colombiana y guatemalteca, respectivamente, serían las encargadas de garantizar el tránsito de las sustancias estupefacientes por Centroamérica para que llegaran al destino esperado.

Por su parte, los detenidos en Colombia serían los responsables de obtener la cocaína en
Cauca, garantizar su salida de las zonas de producción mediante alianzas con la estructura
Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, coordinar los envío por vía marítima desde
el Caribe colombiano y mantener contactos con narcotraficantes de otros países.

Por estos hechos, una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona los
requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas

En desarrollo de operaciones ofensivas en el suroccidente del país, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N2 con apoyo de inteligencia preliminar de tropas del Batallón de Altamontaña No. 4, lograron ubicar y destruir un área preparada con dispositivos explosivos improvisados en zona rural de Mercaderes, Cauca. Esta acción permitió neutralizar una amenaza inminente contra la población civil y las tropas que se encuentran en el sector.
La operación militar se produjo en la vereda Gana Plata, sobre el eje vial que comunica Mojarras con el municipio de Leiva, Nariño, gracias a información suministrada por unidades en terreno y al despliegue oportuno, con el apoyo de capacidades conjuntas de la Fuerza Aérea de Colombia.

Durante la intervención, los soldados identificaron cinco cilindros acondicionados con dispositivos explosivos improvisados, con una capacidad aproximada de 30 kilogramos cada uno, equipados con sistemas de activación por cable mando y radiofrecuencia. Estos dispositivos estaban instalados en una vía de uso permanente por la comunidad, lo que evidenciaba el alto riesgo de afectación indiscriminada.

Estos explosivos habrían sido instalados por el grupo armado organizado (GAO) del ELN – frente Manuel Vásquez Castaño, con la intención de activarlos al paso de las tropas. Esta acción criminal constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por lo cual se instaurarán las respectivas denuncias.