La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía.

En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías.

Ante esta instancia habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización.

Por ejemplo, la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

El material de prueba da cuenta de que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación
presentó dos certificaciones. Una con información falsa que pretendía justificar la presencia
del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.

De esta manera, los funcionarios del OCAD fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y
Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la
licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas.

Lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato No. 955
del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas
para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño,
Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos.

En las investigaciones se constató que las poblaciones a beneficiar ya tenían servicio de
energía; además, una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que
presentó la Gobernación de Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de
regalías. De otra parte, se conoció que la finalidad prevista en el contrato de obra no se
cumplió.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al señor
Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del exgobernador de
Cauca, Temístocles Ortega Narváez, como posible responsable del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales.

El exmandatario departamental estaría involucrado en posibles anomalías en el trámite y
celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).

El material de prueba obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indica que el proyecto habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de alcantarillas y otros elementos necesarios para el desarrollo de las obras.

Asimismo, se estableció que no se gestionaron los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras, entre otras acciones irregulares en el proceso de contratación.

Para la Fiscalía, el gobernador de Cauca entre 2012 – 2015, como ordenador del gasto y
representante del departamento, desatendió de manera libre, consciente y voluntaria los
principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal.

Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había vinculado al
exmandatario, a través de indagatoria realizada el 6 de julio de 2022, por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado
por apropiación, en razón a su condición de senador de la República en ese momento.

Luego de terminar el periodo en el Congreso, el expediente pasó a la Fiscalía. En ese sentido, se realizó la actividad investigativa y los análisis de los elementos recaudados, y se encontró mérito suficiente para acusar al exgobernador Ortega Narváez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y solicitar la preclusión de las conductas de falsedad en documento privado y peculado por apropiación.

Sin duda, Ventura es un referente para todos los periodistas apasionados por la radio, pero más allá, es un comprometido con las causas sociales y las problemáticas de las comunidades del departamento del Atlántico.

La mandataria departamental le entregó al exgobernador una mención de honor y la condecoración Medalla Puerta de Oro de Colombia, como homenaje a sus seis décadas de servicio y vocación.

“Un momento muy especial vivimos con el exgobernador e ícono de la radio Ventura Díaz, que después de 20 años regresó al que fue su despacho en la Gobernación del Atlántico. Aquí lo exaltamos con la medalla Puerta de Oro, por sus 60 años de periodismo al servicio de la gente”, indicó la Gobernadora.

“Hoy, cuando recibo esta exaltación del departamento, siento una profunda emoción y la recibo con alegría y entusiasmo, pero con humildad”, expresó Díaz Mejía.

Julio César Guerra Tulena murió tras complicaciones de salud este 27 de septiembre. Es recordado por su trayectoria en la política liberal.

Un hombre con amplio bagaje político, pues tras convertirse en médico ocupó cargos en el Concejo, Senado, Alcaldía y Gobernación de su departamento.

se desempeñó como gobernador de Sucre en el periodo 2012 a 2015 y perteneció al movimiento político Colombia Mi País, según información de Congreso Visible.

Este líder político nació en Sucre en 1933 y llegó a recibir la distinción de la Gran Cruz en el Congreso de la República.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, acusó formalmente al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los hechos investigados están relacionados con posibles irregularidades de contratación durante el periodo en el que estuvo en el cargo (junio de 2014 – diciembre de 2015), en dos contratos específicos que pretendían garantizar la alimentación y transporte para los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables del departamento.
El entonces mandatario, como ordenador del gasto, habría fallado en sus deberes de vigilancia y supervisión de la contratación, y permitió que se destinaran y pusieran en riesgo recursos de regalías en los dos procesos contractuales que avaló.

1. Plan de Alimentación Escolar (PAE) La Guajira – 2015.
El 19 de marzo de 2015, se suscribió el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el cual tenía como objeto suministrar complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de preescolar, básica primaria, y básica secundaria y media de 15 municipios, durante 125 días.

Este contrato recibió una adición por lo que el valor total ascendió a $41.064’418.760. El material de prueba da cuenta de que se presentaron 10 posibles deficiencias en los estudios previos. Se identificaron errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.

De igual manera, hay evidencia de que no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas, cuyos menores de edad serían los más favorecidos, ni se tuvieron en cuenta los factores nutricionales y calóricos de las raciones preparadas, pues se fijaron con lineamientos técnico-administrativos que no estaban vigentes, de tal manera que no proporcionaban el aporte nutricional adecuado.

Adicionalmente, se estableció que la Gobernación no dispuso de condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.
En las etapas precontractual y contractual, supuestamente, se incumplieron los requisitos de ley con el ánimo de favorecer al contratista. A esto se suma que los peritos contables del CTI detectaron un detrimento patrimonial superior a 13.200 millones de pesos, representado en sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron.
En las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $971 unidad. De otra parte, desembolsó $2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional.
Finalmente, las inspecciones dan cuenta de que el contrato nunca fue liquidado.
2. Transporte escolar.
El otro contrato cuestionado fue suscrito el 6 de mayo de 2015, con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’. Contempló garantizar el servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos. En valor ascendió a $9.310.604.160 y tuvo un plazo de ejecución de 88 días.
Para la Fiscalía, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal. Al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir.
Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.
La audiencia preparatoria de juicio en contra del exgobernador José María Ballesteros Valdivieso comenzará en la fecha que defina la Sala Especial del Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El exgobernador de Cundinamarca se había instalado hace más de diez años en ese país, después de haber cumplido con una sentencia por corrupción en Colombia.

La Policía Nacional, por intermedio del Grupo de Investigaciones Internacionales de la OCN INTERPOL Colombia, aportó material contundente a las autoridades judiciales españolas, a través del canal de comunicación policial protegido de información que condujeron a la captura del exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, en la ciudad de Barcelona – España.

Pablo Ardila fue capturado en la capital de la comunidad autónoma de Cataluña, por investigadores de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), del Cuerpo Nacional de Policía de España destacado en Barcelona, por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra hacienda pública, delitos contra el medio ambiente y delitos contra la seguridad vial.

Gracias al intercambio de información y cooperación internacional, se aportó material contundente a las autoridades judiciales españolas que condujeron a la captura del exgobernador.

La investigación que inició en el año 2019 con la denuncia por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral instaurada por una empleada doméstica, que habría trabajado en Colombia para ‘Pablo Ardila’, y que habría sido su víctima, permitió que los investigadores recopilaran suficientes elementos materiales de prueba que comprometían al exgobernador con otros delitos.

Dentro de las diligencias que evidenciaban su actuar criminal fue necesario analizar sus movimientos bancarios, los cuales no eran congruentes con la labor que realizaba en Barcelona, teniendo en cuenta que el capturado poseía varios autos de alta gama y una vivienda ostentosa, lo que llamó particularmente la atención de las autoridades judiciales.

Ardila Sierra se encuentra a la fecha privado de la libertad en el centro penitenciario de Brian 1 en la ciudad de Barcelona.