La Superintendencia Nacional de Salud impuso cinco sanciones pecuniarias, tres de ellas a los representantes legales de EPS y a dos secretarios de salud departamentales, por el incumplimiento de medidas cautelares, el no reporte de información y deficiencias en la operación de laboratorios de salud pública.
Las multas totalizan 1.280 millones de pesos equivalentes a 1.470 salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv) y fueron impuestas bajo las facultades de la Ley
1949 de 2019, que permite sancionar directamente a los representantes de las
entidades de salud, para que respondan a título personal y con sus propios recursos.
El delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora, resaltó
que “estas decisiones se adoptan en el marco de la actual emergencia sanitaria,
situación que demanda tanto de los prestadores como aseguradores un mayor
compromiso en la atención integral de los usuarios”.De esta manera, la Superintendencia pone en ejecución una de las herramientas dadas
por la Ley para proteger de manera eficaz los recursos del sistema y garantizar con
calidad y oportunidad la prestación de los servicios de salud.
La mayor sanción fue para el representante legal de la EPS Convida, Hernando Durán
Castro, con una multa superior a los 649 millones de pesos (740 smlmv) por no dar
cumplimiento a una medida cautelar emitida por la Superintendencia que buscaba
garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud a 1.052 peticiones, quejas,
reclamos y denuncias (PQRD) presentadas. Una vez se venció el plazo conferido para
el cumplimiento de la orden, se evidenció que 661 PQRD continuaban sin ser
solucionadas.
Una segunda sanción de la Supersalud recayó sobre la representante legal de la EPS
Comparta, Mónica Hernández Benítez, con una multa por más de 370 millones de
pesos (430 smlmv), por incumplir una medida cautelar que ordenó que se garantizara,
en el término de 2 días, la efectiva prestación de los servicios de salud a 579 PQRD,
pues, vencido dicho término, se evidenció que 226 de ellas seguían abiertas y sin
solución.
Tras comprobar el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la financiación,
prestación de servicios para la toma de muestras -incluidas las de COVID-19- y el
oportuno manejo de la capacidad instalada y del talento humano de los laboratorios de
salud pública de Casanare y Putumayo, se sancionó a Yenny Fernanda Díaz Barinas y
a Jorge Alberto Molina Giraldo, en su calidad de secretarios de Salud de dichos
departamentos, respectivamente, con multas que superan los 43 millones de pesos
cada una (50 smlmv).
Así mismo, se impuso una sanción de más de 175 millones de pesos (200 smlmv) al
exrepresentante legal de la EPS Savia Salud, Carlos Mario Montoya Serna, por no
efectuar el reporte de información relacionada con la Circular Externa 003 del 10 de
marzo de 2020 de la Supersalud, a través de la cual se impartieron instrucciones sobre
la gestión de la atención de agentes nuevos; incrementos inusitados de casos
correspondientes a eventos de interés en salud pública, o emergencias en salud pública
de importancia internacional.
Contra las referidas sanciones proceden los recursos de reposición y de apelación, que
podrán ser interpuestos por los vigilados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
notificación.
(INFORMACIÓN SUPERINTENDENCIA DE SALUD)
