La Fiscalía General de la Nación detectó supuestas anomalías en la compra de mercados y elementos de bioseguridad para la población más vulnerable.
La Fiscalía General de la Nación detectó presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de cooperación interinstitucional suscrito entre la Alcaldía de la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, con la Cruz Roja.
Dicho contrato, cuyo valor ascendió a 600 millones de pesos, contempló para su ejecución 180 días y tenía como objeto: “Prestar los servicios de dirección, administración y control de recursos y el suministro de bienes y servicios para atender el gasto destinado a la atención humanitaria de emergencia para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Covid 19”.
El material de prueba da cuenta de que el entonces mandatario local acudió a la figura jurídica de la urgencia manifiesta para suscribir el mencionado contrato el 1 de abril del año en curso. Al parecer, no hizo una correcta planeación ni tuvo en cuenta requisitos previstos en las normas de contratación pública.
Adicionalmente, hay indicios de supuestas anomalías como: ausencia de estudios de mercado y de la población a beneficiar, desconocimiento de los valores de los productos incluidos en los kits alimentarios y de bioseguridad, desembolso anticipado del 50% del valor del contrato, y la supervisión o interventoría del contrato fueron entregadas a la misma persona que firmó el convenio.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá, con apoyo del Grupo de Tareas Especiales para el Covid – 19, imputó al exalcalde de Los Mártires Raúl Hernando Esteban García los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados por el funcionario, quien estuvo en el cargo hasta el 17 de abril de 2020.