Para el ente de control, el mecanismo constituye un instrumento clave que permite identificar capacidades económicas de los hogares según ubicación y características físicas.
La Procuraduría General de la Nación, como parte de sus funciones preventivas y de control de gestión relacionadas con la descentralización y la correcta ejecución de competencias de las entidades territoriales, solicitó a las alcaldías del país adoptar medidas inmediatas para actualizar la estratificación socioeconómica de los inmuebles residenciales, en cumplimiento del marco legal vigente.
La solicitud de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial tiene como propósito principal garantizar una asignación equitativa de los subsidios a los servicios públicos domiciliarios, mediante la correcta aplicación de las metodologías establecidas por el Gobierno Nacional y el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Según el Ministerio Público, en varios territorios, los procesos de estratificación se encuentran desactualizados, lo que puede afectar gravemente la justicia distributiva, provocar errores en la asignación de tarifas y dificultar la planeación territorial.
Entre las acciones requeridas en la Circular 008 de 2025, los alcaldes deben estimar el costo anual del proceso de estratificación, presentar dicho costo al Comité Permanente de Estratificación para su concepto previo, e incluirlo en el presupuesto municipal, contando con el aporte de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Adicionalmente, el ente de control recordó la obligación de las autoridades de garantizar el funcionamiento activo del Comité Permanente de Estratificación y de exigir a las empresas de servicios públicos la incorporación del número predial catastral y/o coordenadas de los inmuebles en los sistemas de facturación, en línea con los lineamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el uso del sistema SIGESCO.
Finalmente, la Procuraduría solicitó a las administraciones municipales que adopte la nueva estratificación, así como el informe de su difusión, a más tardar el 5 de mayo de 2025.
