Los centros de pensamiento Fundesarrollo, Cesore y Atarraya construyeron el documento ‘Caribe 30’, que plantean acciones concretas en materia de empleo, seguridad, pobreza, salud e infraestructura.
A medida que Colombia se acerca a una nueva contienda presidencial, en el Caribe colombiano crece la expectativa sobre las respuestas que deberá ofrecer el próximo mandatario frente a problemas que llevan décadas sin resolverse. Aunque la región ha ganado protagonismo económico en los últimos años, persisten dificultades estructurales que continúan frenando su desarrollo y afectan la calidad de vida de millones de habitantes.
De acuerdo con lo consignado en la cartilla ‘Caribe 2030: prioridades para una agenda de desarrollo regional’, realizada por Fundesarrollo, junto a Cesore y Atarraya, el próximo gobierno nacional tendrá que asumir decisiones urgentes para enfrentar la pobreza, la crisis del sistema de salud, el rezago en infraestructura, la informalidad laboral y los problemas de seguridad que frenan el desarrollo de sus territorios.
“La agenda de desarrollo del país no puede construirse de espaldas a los desafíos y oportunidades del Caribe colombiano. Esta propuesta busca aportar evidencia y recomendaciones para que la región tenga un lugar prioritario en las decisiones que marcarán la próxima década”, afirmaron los centros de pensamiento en la presentación del documento.
En ese sentido, la agenda Caribe 2030 expone una paradoja que desde hace años marca el rumbo de la región. A pesar de ser un territorio con peso demográfico, ubicación estratégica, puertos, potencial turístico, capacidad energética y una población joven que podría convertirse en motor de desarrollo, al mismo tiempo sigue cargando rezagos estructurales que no han sido resueltos.
Para los centros de pensamiento, estos problemas no se explican solo por la falta de recursos, sino por la ausencia de políticas diferenciadas, por la debilidad de la articulación entre Nación y territorios y la persistencia de modelos centralizados que no responden a la diversidad del Caribe.
Seguridad
Uno de los temas más sensibles que se aborda en el documento es la seguridad. La advertencia es que el Caribe atraviesa una situación compleja, marcada por el crecimiento de economías ilegales, la expansión de estructuras multicrimen y una presión cada vez más fuerte de delitos como la extorsión y el homicidio sobre la vida cotidiana de la gente.
El problema, advirtieron, no se limita a la presencia de bandas o grupos ilegales: “Lo que existe es un entramado más profundo en el que confluyen narcotráfico, contrabando, control territorial, microtráfico, violencia urbana y debilidades institucionales”.
A eso se suma la importancia estratégica de la región por su ubicación geográfica, sus corredores logísticos y su infraestructura portuaria, lo que la convierte en un territorio clave para redes ilegales que operan a distintas escalas.
Por eso, los centros de pensamiento han propuesto que el próximo presidente asuma la seguridad del Caribe con una estrategia regional y no fragmentada. Entre las medidas planteadas están la creación de centros regionales de inteligencia que articulen a la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y las autoridades locales.
A eso se debe sumar el uso de analítica de datos y georreferenciación para identificar patrones criminales, así como el fortalecimiento de la investigación sobre finanzas ilícitas y la focalización de operativos en puertos, corredores estratégicos y zonas críticas, entre otros sectores.
Atención a la pobreza
Otro de los temas primordiales para atender en el Caribe colombiano –de acuerdo con el diagnóstico hecho por Fundesarrollo, Cesore y Atarraya– es la pobreza, al advertir que en la región vive alrededor del 22 % de la población colombiana y se concentra el 41 % de las personas que enfrentan privaciones simultáneas en dimensiones básicas de bienestar. Es decir, son más de 2,1 millones de habitantes en esta condición.
La agenda que se ha propuesto al próximo gobierno pasa por una estrategia regional contra la pobreza multidimensional, con intervenciones articuladas en alfabetización, permanencia escolar, vivienda, agua potable rural y acceso a servicios básicos. El planteamiento es que no basta con programas dispersos: lo que se necesita es una política que entienda la pobreza como un fenómeno integral y territorial.
Prioridad a la educación
La educación ocupa un lugar central en esta hoja de ruta, no solo por su dimensión social, sino por su vínculo directo con el desarrollo económico. Por tal motivo se advierte que en el Caribe persisten rezagos en cobertura, permanencia, calidad y acceso a educación superior, lo que termina limitando la movilidad social y las posibilidades de construir un mercado laboral más productivo.
Frente a este panorama, la agenda plantea un Gran Pacto por la Educación del Caribe, con medidas como ampliar la jornada única, modernizar colegios, bibliotecas y laboratorios, fortalecer la conectividad, reformar los criterios de financiación territorial, crear un fondo regional de becas y reforzar la formación docente. La idea es que la educación deje de ser un privilegio condicionado por el territorio y se convierta en una palanca real de desarrollo para la región.
En materia de empleo
Aunque el país ha mostrado señales de recuperación en algunos indicadores de empleo, la región no ha vivido esa mejoría con la misma intensidad. Durante el tercer trimestre de 2025, las capitales del Caribe registraron cerca de 230 mil personas desocupadas y una tasa de desempleo del 10 %, un punto por encima del promedio nacional. Además, el año cerró con más de 500 mil personas sin trabajo en la región.
