La renuncia de Irene Vélez se haría oficial una vez que el presidente Petro regrese de su viaje a Bruselas.
Irene Vélez ha sido de las ministras más cuestionadas, en el Gobierno Petro. Pues, desde que llegó a la cartera su solo nombramiento causó polémica, debido a que sus estudios no eran los apropiados para el cargo. Después de eso siguieron presentando escándalos tras escándalos y en su contra hubo mociones de censura, debates de control político y más. Aunque, los procesos que ahora enfrenta ante la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación fueron la gota que rebosó la copa.
La ministra Vélez se encontraba en la comitiva, del presidente de la República, Gustavo Petro, durante su estancia en Bruselas, Bélgica. No obstante, fuentes cercanas a la Casa de Nariño indican que se habría reunido con el Jefe de Estado y le habría pedido su renuncia. Así que, ya estaría de regreso en Colombia para dejar todo listo en el Ministerio de Minas y Energías, para oficializar su salida al regreso del presidente Petro.
Vélez se convertiría en la ministra número 11 que deje el cargo, desde que el presidente Petro asumió el cargo el 7 de agosto del 2022. Aunque, con esta salida la pregunta que se hacen los colombianos es ¿Quién asumirá el cargo? Extraoficialmente se ha hablado del exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza. Pero, él mismo señaló que no hay un ofrecimiento oficial y que espera que de ser cierto poder llevarle progreso, desde ese cargo al departamento de Santander.
¿Cuáles son los procesos que enfrenta Irene Vélez?
A la ministra Irene Vélez se le acusa de extralimitarse en sus funciones, para lograr la salida de su hijo menor de edad del país, sin los permisos correspondientes. Esto sería un claro caso de tráfico de influencias y también está la contratación irregular de su esposo, el cineasta neerlandés Sjoerd Van Grootheest, quien recibió un contrato por 128.770.332 pesos, por un año, para dirigir la campaña de publicidad de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI).
Sin embargo, han señalado desde esa entidad que el contrato no se le asignó por tráfico de influencias. Sino que, sus credenciales como productor audiovisual lo avalan. Aun así, esta explicación no ha convencido a la Procuraduría o a la Fiscalía General de la Nación y por eso los procesos siguen avanzando y lo que se busca es que ningún funcionario del Gobierno Petro enfrente un proceso de esta índole.
