La Entidad reiteró los llamados a la Gobernación y al INPEC para que firmen con prontitud un convenio interinstitucional que garantice atención, seguridad y condiciones dignas a esta población.
La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina alertó que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en la región permanecen en espacios inadecuados, carecen de servicios básicos mínimos y tienen problemas sicológicos que evidencian una situación que pone en riesgo su vida e integridad.
La Entidad reiteró los llamados a la Gobernación y al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) para que, en cumplimiento de su obligación legal y constitucional, suscriban de manera inmediata un convenio interinstitucional que garantice atención, seguridad y condiciones dignas en los centros de detención del archipiélago.
Finalmente, precisó que garantizar condiciones dignas a las PPL es una obligación legal inaplazable y sentenció que la omisión en la protección de los derechos humanos de esta población puede generar sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios responsables.