Las autoridades se encuentran investigando el crimen.
Dos activistas venezolanos fueron víctimas de un atentado armado en el norte de Bogotá, Colombia, en un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades de migrantes.
Se trata de Yendri Omar Velásquez, reconocido activista y miembro del Observatorio de Violencias LGBT+, y Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, quienes resultaron heridos tras ser atacados por sujetos armados mientras salían de su vivienda en el barrio Cedritos.
Según informaron las autoridades, los agresores dispararon desde un vehículo en movimiento, impactando principalmente las piernas de las víctimas. El automóvil involucrado fue hallado horas más tarde en el sector de Suba, con armas en su interior, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.
El hecho, calificado por la Policía Metropolitana como un ataque dirigido, ha despertado preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos venezolanos que se encuentran en condición de refugio o asilo político en Colombia. Tanto la Defensoría del Pueblo, como la ONU y diversas organizaciones internacionales han pedido una investigación imparcial y medidas de protección para las víctimas.
Persecución más allá del exilio
Velásquez y Peche abandonaron Venezuela en 2024 denunciando persecución política. Su caso pone de relieve una realidad que afecta a cientos de activistas que, aun fuera del país, continúan siendo objeto de amenazas, intimidaciones o ataques físicos.
Diversos informes de Amnistía Internacional y otras ONG han documentado que en Venezuela los defensores de derechos humanos enfrentan detenciones arbitrarias, acoso judicial, censura y restricciones a la libertad de movimiento. El exilio, advierten los expertos, no garantiza su seguridad.
Un llamado a la protección internacional
El atentado contra los activistas plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de protección que deben brindar los países receptores a quienes buscan refugio por motivos políticos o de orientación sexual.
Hasta el momento, no se ha confirmado si los atacantes pertenecen a grupos vinculados a redes políticas o delictivas, ni el motivo exacto de la agresión. Las autoridades colombianas continúan recolectando evidencia para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, organizaciones civiles exigen que el caso no quede en la impunidad y que se refuercen los protocolos de protección a los activistas que desarrollan su labor en territorio colombiano.
