La muerte de Celeste Osorio Duque, una niña de tan solo 2 años, ha generado una profunda conmoción en el municipio de Polonuevo y en todo el departamento del Atlántico.
La menor falleció luego de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado perpetrado contra una panadería, un hecho que es investigado por las autoridades como un presunto caso de extorsión.
Según la información entregada por las autoridades, el atentado ocurrió cuando un hombre armado llegó hasta el establecimiento comercial y disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del negocio. En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó a la niña, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y posteriormente remitida a una clínica de mayor complejidad. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para establecer con precisión los móviles del ataque e identificar a los autores materiales e intelectuales. Entre las hipótesis que se analizan figura un posible caso de extorsión contra los propietarios de la panadería, aunque este aspecto continúa siendo materia de investigación y aún no ha sido determinado de manera definitiva por las autoridades.
El crimen ha provocado un amplio rechazo entre la ciudadanía. Habitantes de Polonuevo, líderes sociales y autoridades locales expresaron su solidaridad con la familia de la menor y pidieron que el caso sea esclarecido con prontitud.
La Gobernación del Atlántico anunció una recompensa para quienes suministren información que permita la identificación y captura de los responsables, mientras que los organismos judiciales avanzan en la recopilación de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y otras labores investigativas.
La muerte de Celeste Osorio Duque ha puesto nuevamente sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia asociados a las economías criminales que afectan a comerciantes y comunidades en distintas zonas del departamento.
Familiares, ciudadanos y autoridades coinciden en un mismo llamado: que este crimen no quede en la impunidad. La exigencia es que la investigación avance con celeridad, se judicialice a los responsables conforme al debido proceso y se haga justicia por la vida de una menor cuya muerte ha causado dolor e indignación en toda la región.
Las autoridades reiteraron que cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso puede ser suministrada a través de los canales oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía, bajo los mecanismos de reserva establecidos por la ley. Mientras tanto, la investigación continúa en curso.
