Según estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) por lo menos cada dos días un periodista en Colombia recibe amenazas.
La situación en Colombia para los medios de comunicación no es la mejor. Pues, los ataques a la prensa son cada vez más frecuentes. El mismo presidente Petro acusó a los medios de dar órdenes a la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las protestas que convocó para impulsar las reformas el pasado 7 de junio. Pero, la situación es más crítica de lo que muchos pueden siquiera imaginar.
Según las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en lo corrido del año un periodista es amenazado cada dos días. Ya que, con el corte del 31 de mayo se registran 58 amenazas, repartidas en 22 departamentos de Colombia, dejando en evidencia las complicaciones para ejercer el periodismo en el territorio nacional.
No obstante, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, firmó la Directiva 003. Con esta directiva busca garantizar la libertad de prensa y es que, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta señaló que, medios como la revista Semana debían ser intervenidos por la Fiscalía al revelar supuesta información sobre el caso de la muerte del coronel Dávila, por parte de una fuente anónima.
Por esta razón, este es uno de los principales puntos de la directiva que firmó Barbosa. “Tanto la policía judicial como los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas.” Se puede leer en el documento. Así que, en ese orden de ideas los periodistas no están en la obligación de revelar fuentes o ser citados a procesos legales, por alguna información que divulguen. Ya que, esto sería una vulneración para sus derechos.
Además, hay que recordar el hecho de que ejercer el periodismo en Colombia siempre ha tenido grandes complicaciones. En las zonas controladas por los grupos subversivos, estos son presionados para detener investigaciones o publicar información que, los grupos armados ilegales quieran que se publique. Mientras que, en Bogotá donde se concentran gran parte de las amenazas, principalmente se dan cuando se publica información sobre temas de seguridad, política y administración pública.
Por lo general, el modus operandi para estas amenazas suele ser el mismo. Los comunicadores son interceptados por desconocidos y estos los intimidan, para que oculten información. Del mismo modo, utilizan panfletos que hacen llegar a las viviendas y sitios de trabajo de los periodistas e incluso llegan a llamarlos desde números privados, para que desistan de su actividad periodística.
